Mientras que Unión por la Patria reclama avanzar con el juicio político en Diputados, sectores dialoguistas impulsan comisiones investigadoras e interpelaciones a funcionarios. Los libertarios controlan dos comisiones clave.
El escándalo de la criptomoneda promocionada por Javier Milei movilizó a la oposición en el Congreso y en los últimos días se acumularon pedidos de juicio político, proyectos para conformar comisiones investigadoras e interpelaciones a funcionarios de la Casa Rosada para que den explicaciones. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas iniciativas parece reunir el consenso suficiente para avanzar en el trámite parlamentario. Al mismo tiempo, el control de algunas comisiones clave le permite a los libertarios paralizar la actividad a la espera de que el caso pierda intensidad en la opinión pública.
Los primeros en firmar un pedido de juicio político fueron los socialistas Esteban Paulon y Mónica Fein, junto a la diputada cordobesa Natalia de la Sota. Los tres pertenecen al bloque Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, pero no contaron con el respaldo del resto de sus compañeros. Casi en simultáneo, los peronistas de Unión por la Patria presentaron su propio proyecto de juicio político contra Milei por mal desempeño de sus funciones y eventuales delitos: “La participación de Milei en una estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”.
Por su parte, ayer un puñado de diputados del bloque de Pichetto optó por otra vía: quieren citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona; a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y al Portavoz Presidencial, Manuel Adorni, para ser interpelados en el Congreso. La Coalición Cívica, en tanto, también reclamó la presencia del jefe de Gabinete “como responsable político ante el Congreso de la Nación y de la administración general del país, a fin de que informe por escrito y responda de manera verbal y pública las consultas de los diputados”.
Por último, los diputados de Democracia para Siempre (desprendimiento del bloque UCR) sumaron su propia interpelación a Guillermo Francos e impulsaron la creación de una comisión investigadora especial.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del bloque que conduce Pablo Juliano reconocieron que por el momento todo está “estancado” en la Cámara baja. Mientras que los bloques mayoritarios de la oposición dialoguista como el PRO, la UCR y Encuentro Federal adelantaron que no apoyarán un eventual juicio político porque consideran que el caso no amerita la eventual destitución del Presidente, desde el peronismo consideran que las otras opciones no tendrán consecuencias reales.
Además, difícilmente alguno de estos proyectos avance en las próximas semanas, dado que los libertarios controlan dos comisiones clave. La conformación de una comisión investigadora debe pasar primero por la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, y también por la de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato, aliada del PRO.
A su vez, los proyectos de juicio político deben ser analizados por la comisión de Juicio Político que tuvo una conformación fallida en abril, cuando Marcela Pagana fue designada como Presidenta pero luego fue desconocida por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ya sea que la presidencia quede en manos de Pagano o de otro diputado libertario, tampoco habrá convocatoria.
“No hay ninguna chance de que Mayoraz o Lospennato citen a las comisiones”, explicaron desde la oposición más dura. En ese sentido, reconocen que la única alternativa es convocar a una sesión especial y con una mayoría simple emplazar a ambas comisiones. Es decir, imponerles un límite de tiempo para analizar y dictaminar sobre los proyectos.
Una de las opciones que barajan en el bloque de Unión por la Patria para alcanzar los consensos mínimos es convocar a una sesión especial y que los diferentes bloques voten los tres emplazamientos: uno para avanzar con la comisión investigadora, otro para las interpelaciones y finalmente uno para obligar a abrir la comisión de juicio político.
Este último caso sería además el más rápido dado que no es necesario volver al recinto (y juntar el quórum nuevamente) para aprobar los dictámenes. La comisión de juicio político comenzaría a funcionar para analizar la admisibilidad del proceso. Para esto requiere una mayoría simple en la comisión, es decir, 16 firmas (UxP tiene 13).
No obstante, juntar el quórum para una sesión especial está lejos de ser una tarea sencilla porque sin LLA, el PRO y los seis diputados radicales “con peluca” -que ya respaldaron al Presidente públicamente- la oposición necesitaría un amplio apoyo del resto del bloque UCR y de los gobernadores para llegar a los 129. “Hay que ver qué pasa después del discurso de apertura de sesiones ordinarias (1 de marzo)”, lamentaron desde el radicalismo disidente.
