Se trata de Ignacio Yacobucci al que cuestionan en el oficialismo por supuestos viajes al exterior “en primera clase”. Sectores del PRO y de la Coalición Cívica defendieron la autonomía de la UIF.
Desde sectores la Coalición Cívica y del PRO salieron a defender la autonomía y la independencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Ignacio Yacobucci, mientras un sector del gobierno de Javier Milei busca lograr la renuncia o el despido del funcionario que lucha contra el lavado de dinero. Yacobucci es hijo del juez Guillermo Yacobucci.
Voceros del ministro de Justicia y de Yacobucci consultados por Clarín se excusaron de hacer comentarios sobre una versión que habla de un inminente despedido de Yacobucci quien fue nombrado en su cargo el año pasado luego de una audiencia pública y tiene 4 años de mandato.
En cambio, el diputado de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, Juan López, y el ex titular de la UIF del gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, salieron a defender la autonomía e independencia del organismo que desde el 2015 se mantiene como querellante de la causa Hotesur y Los Sauces por lavado de dinero contra la ex presidenta Cristina F. Kirchner y el año paso asumió ese rol en el caso por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente K de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
El diputado López negó, como dicen las versiones de un sector de LLA, que Carrió se haya reunido con Yacobucci. En cambio, confirmó que la diputada de la CC, Mónica Frade, entregó en la Justicia y en la mesa de entradas de la UIF una denuncia. Sería la denuncia por supuesto lavado contra el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo.
Ante la situación de incertidumbre que rodea a Yacobucci, Federici dijo que “con el fin de avanzar sus intereses políticos, el gobierno se ha embarcado en la destrucción de la autonomía e independencia operativa de la UIF, comprometiendo así la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo y la capacidad del país de cooperar internacionalmente con el esfuerzo global contra tales amenazas”.
La autonomía de la UIF “es un pilar fundamental de la confianza de las fuentes de información en la institución, tanto a nivel local como internacional. Si las fuentes perciben que el gobierno interfiere indebidamente y con fines políticos en la autonomía e independencia operativa del organismo, lo más probable es que corten el flujo de información hacia el mismo, privándolo de la materia prima necesaria para la producción de inteligencia financiera y afectando de esa manera la efectividad de sus aportes a la justicia argentina y a sus contrapartes extranjeras”, agregó en declaraciones a Clarín.
Tanto la Ley Argentina como los estándares internacionales “exigen que las UIF sean autónomas y operativamente independientes, y esto es precisamente para evitar que los intereses políticos comprometan la búsqueda de la verdad y la justicia, y la cooperación con otros países en favor de la paz y la seguridad internacional”, subrayó.
Incluso, Yacobucci asumió hace unas semanas la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Lavado de Dinero (GELAVEX) de la OEA, luego de haber evitado el año pasado que la Argentina por mala gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina contra el lavado pasara a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si era incluido en esa lista iba a perder 7.6 puntos del PBI por el retiro de inversiones y sanciones financieras internacionales.
