“Funcionarios que no funcionan”. La frase de Cristina Fernández de Kirchner sigue resonando en los pasillos ministeriales. La crítica de la vicepresidenta generó rispideces en la interna del Frente de Todos y evidenció los problemas de gestión en áreas neurálgicas de gobierno.
Pero al desencanto del ala K al funcionamiento de determinados ministros, el grueso de las quejas, sobre todo del mundo del trabajo, apuntan al residual macrista que aún sobrevive en direcciones y altos cargo de gestión.
En la última semana, el foco estuvo puesto sobre la empresa estatal Aysa -Agua y Saneamientos Argentinos- que preside la massista Malena Galmarini.
Una fuerte movilización de un sindicato de seguridad privada destapó el poder que, a más de un año del cambio de gobierno, mantienen funcionarios de la gestión de Cambiemos. Una de ellas es Sabrina Toledo, Jefa de Seguridad de la firma.
Los trabajadores aseguran que Toledo, parte de la gestión de Macri en AySA, digitó la no continuidad de vigiladores por estar afiliados al gremio. Además, se negó a abrir una mesa de diálogo para discutir el futuro de más de 250 empleados de seguridad.
“No recibir a los trabajadores a dialogar no responde a los principios peronistas que la nueva gestión de AySA y la propia Galmarini prometió defender. Se ha intentado de todas las maneras y el destrato recibido es asombroso”, señaló un alto dirigente de SUTCAPRA, el sindicato que representa a los vigiladores.
Y hay más: La labor de Toledo fue central en la contratación de nuevas empresas de seguridad denunciadas en reiteradas oportunidades por los trabajadores por incumplimiento de convenio colectivo y fraude laboral.
Una de ellas es Murata SA, la empresa de seguridad privada involucrada en la causa que investiga los aportantes truchos en la campaña electoral de María Eugenia Vidal y reconocida por los jugosos contratos firmado durante la gestión Cambiemos en dependencias estatales. Hoy Murata vuelve al Estado contratada por Galmarini y AySA.
SUTCAPRA adelantó que continuarán con las protestas. “Pedimos una mesa de diálogo y la continuidad laboral de nuestros 250 compañeros afiliados. No vamos a permitir que una funcionaria con pasado macrista, ante el silencio cómplice de Galmarini y el director general de Administración, Patricio D’Angelo, deje sin un plato de comida a nuestras familias”, resumieron desde el gremio.
