Por Claudio Romero
Diputado por la Ciudad
Si el poder de policía en nuestro país está en manos del Estado, y éste se manifiesta ausente en la asistencia cuando la inseguridad se instala en la sociedad cada vez con más virulencia, a los ciudadanos les quedan dos opciones de hierro: convertirse en víctimas sumisas o reaccionar y darle rienda suelta a la justicia por mano propia.
En los últimos casos trascendidos se vieron claramente la agudización de la violencia por parte de los delincuentes y la reacción de personas comunes defendiéndose con uñas y dientes, y hasta con la vida. Los ataques no distinguen entre adultos mayores extremadamente vulnerables y refugiados en sus hogares, ni jóvenes desprotegidos en la vía pública atacados en patota.
Sea por la pandemia o cualquier otra razón, esta situación reclama la urgente presencia del Estado en sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El primero llevando a cabo un plan de acciones concretas con las fuerzas de seguridad en los territorios más expuestos; el segundo, legislando para agravar las penas en delitos de usurpación de domicilios y ataques en banda en la vía pública; y el tercero, trabajando las 24 horas para dictar con celeridad condenas ejemplares, limitar en extremo las libertades condicionales de casos con antecedentes de uso de la violencia, y eliminar los obstáculos para las detenciones policiales.
Desde la política hay que pedir perdón a la sociedad argentina por la epidemia de inseguridad desatada en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Pero desde la función pública es obligatorio indagar sobre las formas más adecuadas de frenar lo antes posible la ola de violencia, con más rapidez y efectividad que al COVID 19.
La declamada reforma de la Corte Suprema de Justicia no supone una transformación del Poder Judicial de la Nación pues, si así fuera, estarían contemplados también los casos de delincuencia comunes y la baja de la edad en la imputabilidad. La grandeza política exige ahora clausurar las codicias libertarias de encumbrados funcionarios y pensar en un régimen de justicia que beneficie a los buenos y condene a los malos.
La situación reclama un acuerdo político-partidario que comprometa la voluntad de resguardar la seguridad del pueblo argentino, un pacto que trascienda los turnos electorales y se convierta en un paraguas protector de los indefensos. Los últimos hechos propalados por los medios de comunicación dejan en claro que fracasó “el garantismo” para suavizar los castigos a personas que actúan violentamente por fuera del sistema democrático.
Es inadmisible que no existan estadísticas ni mapas de delitos en el país desde 2014, aunque el Sistema Nacional Criminal contiene parte de ellos hasta el año 2018. Esos datos integran el capital soberano de un país para encuadrar las normas en base a lecturas correctas de la realidad, sin importar el signo partidario.
La notable reducción de las fuerzas de seguridad, castigadas además en los últimos meses por los contagios del COVID 19, es una cuestión prioritaria de la defensa interior, así como la necesidad de readecuar las cárceles y los Servicios Penitenciarios locales, regionales y nacionales requieren la urgente atención de las autoridades.
Se vive un momento delicado, asombroso, desconcertante, en el que deberían emerger soluciones urgentes que se anticipen a un cataclismo social que puede prosperar si la decisión del gobierno, finalmente, es no hacer nada.
